Alrededor de 20.800 personas con enfermedad renal requieren actualmente terapia de reemplazo renal en Ecuador, según datos manejados por el Frente de Pacientes Renales y nueve de cada diez personas que requieren diálisis dependen de sesiones periódicas de hemodiálisis, por lo que cualquier interrupción o dificultad en el acceso puede generar consecuencias graves.

En los últimos días, esta problemática se ha reflejado en alertas sobre posibles suspensiones y restricciones de tratamientos en distintos puntos del país, vinculadas con dificultades de abastecimiento y pagos pendientes a prestadores. En este contexto, pacientes y familiares realizaron este jueves activaciones simbólicas en los exteriores del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Economía y Finanzas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Corte Constitucional y Palacio de Carondelet.

En cada punto se colocaron sillas negras, acompañadas de un clavel y la historia de varios pacientes, como símbolo de las ausencias, la espera y la incertidumbre que viven quienes dependen de la diálisis. La acción buscó visibilizar la crisis y recordar que detrás de las cifras existen personas y familias cuya vida depende de un tratamiento oportuno y continuo.

El pasado miércoles 16 de septiembre, el Frente de Pacientes Renales compartió un comunicado en el que fijó su posición frente a la declaración de DaVita sobre su situación con el Ministerio de Salud Pública. En el documento, la organización reiteró sus preocupaciones sobre la continuidad de los tratamientos, el cumplimiento de compromisos institucionales y la necesidad de respuestas claras para los pacientes.

El Frente de Pacientes Renales también ha cuestionado el incumplimiento de compromisos asumidos por el Ministerio de Salud Pública. Según el pronunciamiento de la organización, el MSP no habría implementado dentro del plazo acordado una plataforma web oficial y unificada de denuncias, que debía permitir reportar problemas como desabastecimiento de insumos, suspensión de diálisis y falta de medicamentos, con un tiempo máximo de respuesta de tres días. El colectivo ha señalado que esta falta de cumplimiento agrava la vulnerabilidad de los pacientes y exige respuestas institucionales inmediatas.

Otro de los factores que preocupa al sector es la deuda acumulada del Estado con las clínicas y centros que prestan servicios de diálisis, que bordea los USD 400 millones, según cifras difundidas por representantes y especialistas. Clínicas como Davita mencionan qué, los pagos pendientes ejercen presión sobre la sostenibilidad de los prestadores y han sido relacionados con dificultades para mantener insumos, medicamentos, personal y jornadas de tratamiento en diferentes provincias.

Para los pacientes, la crisis no puede ser tratada únicamente como un problema administrativo o financiero. El Frente ha advertido que una sola sesión suspendida puede representar un riesgo grave para la vida de una persona con enfermedad renal y ha reclamado al MSP y al IESS información clara sobre los pagos, garantías de continuidad y medidas inmediatas para evitar nuevas interrupciones. También ha pedido participar formalmente en las mesas técnicas y espacios de decisión relacionados con la atención renal.

Por ello, el Frente de Pacientes plantea que la respuesta institucional debe avanzar hacia una política integral de salud renal que contemple prevención y diagnóstico oportuno, diálisis segura y continua, acceso a medicamentos e insumos, atención especializada, fortalecimiento de los procesos de trasplante y un esquema de financiamiento sostenible. Asimismo, solicitan que el Ministerio de Salud Pública lidere estos espacios, escuche directamente a los pacientes y establezca una hoja de ruta con compromisos, responsables, plazos y mecanismos de seguimiento.