En Ecuador, de cada USD 100 que se destinan a salud, alrededor de USD 33 salen directamente del bolsillo de las familias. Según las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los hogares se financiaron el 33,4% del gasto de consumo final en salud en 2024, frente al 32,3% registrado en 2022. 

La cifra refleja el peso que mantiene el pago directo de las familias frente al financiamiento del Estado, la seguridad social y los sistemas privados de salud. La OMS sugiere que, cuando el gasto de bolsillo supera el 20%, la salud del país entra en zona de riesgo. Ese desembolso se traduce en decisiones cotidianas: acudir a una consulta, comprar medicamentos o mantener un tratamiento. Cuando los ingresos son limitados o variables, cubrir estos gastos puede afectar otros compromisos del presupuesto familiar, así como limitar o anular su capacidad productiva, debido a lapsos más extensos para tratamiento y recuperación, que en muchas ocasiones provoca sobre endeudamiento o venta de activos. 

Por ello, la protección financiera en salud es un elemento fundamental para acortar la brecha existente entre la necesidad de acceso a la atención médica y la capacidad de los hogares para afrontar sus costos, sin una mayor afectación en su calidad de vida. En este contexto, los resultados de El Impacto Real, estudio elaborado por Inmedical, ofrecen una mirada al comportamiento del gasto médico y la percepción de las personas sobre su acceso a la atención en salud y bienestar en general. Según los resultados, el 84,1% de los encuestados reportó que sus gastos mensuales en salud han disminuido a un valor entre USD 10 y USD 50, desde que cuentan con un plan de medicina prepagada inclusiva. El acceso a este modelo de protección también constituye un elemento relevante. 

El 87,28% de los participantes señaló que no disponía de otro seguro adicional. Este resultado evidencia la limitada presencia de coberturas complementarias entre las personas encuestadas y plantea interrogantes sobre las alternativas disponibles para afrontar gastos médicos inesperados. En cuanto a la percepción sobre su estado de salud, el 83% manifestó que este había mejorado. Asimismo, el 90% consideró que el microseguro constituía un respaldo importante en su vida, principalmente ante emergencias médicas y gastos de salud. Estos indicadores recogen las respuestas de los participantes y describen su experiencia declarada. 

La composición de la población afiliada también permite observar las responsabilidades de cuidado en los hogares. Según los datos de Inmedical recogidos en el estudio, las mujeres representan el 65% de las personas afiliadas al plan. En la muestra encuestada, el 35% tenía a su cargo al menos a una persona perteneciente a un grupo de atención prioritaria, mientras que la mitad de los dependientes eran niños y adolescentes menores de 15 años. 

“Cuando una familia no tiene con qué pagar una consulta, la posterga, y lo que empezó como algo menor puede terminar en una emergencia. Cuando el acceso es simple y el costo es mínimo, las personas acuden al médico a tiempo. Eso protege la salud, pero también evita que una enfermedad termine afectando los ahorros, el negocio o los estudios de los hijos”, señaló Wilson Peñafiel, gerente general de Inmedical. 

El estudio determina que un plan de salud inclusiva logra abordar con éxito, los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 1 Fin de la Pobreza, 3 Salud y Bienestar, 5 Igualdad de Género, promoviendo una mejora de la calidad de vida de la población. Los resultados sitúan la protección financiera en salud dentro de una discusión que trasciende a un modelo específico: cómo reducir o eliminar las barreras económicas que pueden retrasar la atención médica y qué mecanismos permiten a los hogares afrontar estos gastos sin comprometer otras necesidades esenciales. 

La versión completa de El Impacto Real está disponible en el enlace.